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ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICO CRIMINAL, CELEBRADA EN MÁLAGA LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014

A las 16:30 horas del viernes 7 de noviembre de 2014, en el Rectorado de la Universidad de Málaga, da comienzo, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Grupo de Estudios de Política Criminal, con la asistencia de los siguientes miembros: Patricia Laurenzo Copello, Octavio García Pérez, Juan Muñoz Sánchez, Mercedes García Arán, Elisa García España, Miguel Ángel Cano Paños, Ana Isabel Cerezo Domínguez, Jesús Barquín Sanz, Luis Carlos Nieto García, Joan Baucells Llados, Eduardo Ramón Ribas, Patricia Faraldo Cabana, Ana Pérez Machío, Norberto de la Mata Barranco, Miguel Abel Souto, María Acale Sánchez, Francisco Montijano Serrano, Elena Marín de Espinosa Ceballos, Javier G. Fernández Teruelo, Ignacio Fco. Benítez Ortúzar, Lorenzo Morillas Cueva, Fátima Pérez Ferrer, José Muñoz Lorente, Ignacio González Vega, José Miguel García Moreno, Lourdes García Ortíz, Isabel Tobeña Santamaría, Juan Carlos Hortal Ibarra, José María Suárez López, María Luisa Cuerda Arnau, José Luis Ramírez Ortíz, Ramiro García de Dios Ferreiro, Ramón Saez Varcárcel, José Luis Diez Ripollés, Nekane San Miguel Bergaretxe, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Víctor Gómez Martín, José Antonio Martín Pallín, Santiago E. Pérez Obregón, Carmen Juanatey Dorado, Elena M. Górriz Royo, Cristina Guisasola Lerma, Juan Carlos Carbonell Mateu y Juan Calparsoro Damián, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
  2. Informe de la Junta Directiva.
  3. Admisión de nuevos socios.
  4. Discusión de los documentos presentados sobre autoevaluación de los manifiestos y propuestas del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre discriminación y menores.
  5. Conmemoración del XXV aniversario del Grupo de Estudios de Política Criminal.
  6. Elección de miembros de la Junta Directiva en sustitución de José Luis Díez Ripollés y Ramón Sáez Valcárcel,
  7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior

Se aprueba por asentimiento el acta de la asamblea anterior.

2. Informe de la Junta Directiva

José Luis Díez Ripollés, informa de la dinámica en la que se va a desarrollar la reunión y la posibilidad de alterar el orden del día, para que mañana antes de la conmemoración del XXV aniversario se celebre la votación para facilitar que los asistentes a la asamblea  que se tengan que ir puedan votar y de la rueda de prensa que se ha celebrado hoy en la sede de este Rectorado. 

Con posterioridad, interviene María Luisa Cuerda Arnau en calidad de tesorera e informa de la situación económica del Grupo y propone elevar la cuota anual a 55 euros, lo que se aprueba por asentimiento.

También se valora el lugar de celebración de la próxima reunión y se acuerda que se celebre en Alicante.

3. Admisión de nuevos socios

Se aprueba por unanimidad la admisión como nuevos socios de:

Isabel Tobeña Santamaría

Juan Carlos Hortal Ibarra

José Miguel García Moreno.

4. Discusión de los documentos presentados sobre autoevaluación de los manifiestos y propuestas del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre discriminación y menores.

De acuerdo con lo previsto en el orden del día se aborda en primer lugar el documento presentado por la Comisión de autoevaluación del manifiesto y propuesta del Grupo sobre menores. Octavio García realiza una exposición detallada de los puntos esenciales del documento tras lo que se analiza su contenido que es aprobado por asentimiento, facultando a la Comisión y Junta Directiva para que la adapte a las valoraciones que se han hecho en la reunión. (Se adjunta como anexo el texto definitivo del documento).

Dado lo avanzado de la hora se propone trasladar la discusión del documento presentado sobre discriminación a la próxima sesión y analizar para, en su caso, aprobar un comunicado sobre corrupción, dada la actualidad del tema. Se discute el documento presentado por la Junta Directiva tras lo que se aprueba por unanimidad el texto que se adjunta como anexo.

5.Conmemoración del XXV aniversario del Grupo de Estudios de Política Criminal.

Intervienen diversos miembros de la Junta Directiva que analizan la evolución del Grupo y la labor que ha desempeñado y se presenta un power point en el que se resume la actividad del mismo. A la conmemoración se suma la Asociación Jueces para la Democracia representada por María Jesús del Pilar Márquez que destaca las aportaciones e importancia del Grupo y, en el mismo sentido, se pronuncia la Unión Progresista de Fiscales que es representada en este acto por Juan Calparsoro Damián.

6.Elección de miembros de la Junta Directiva en sustitución de José Luis Díez Ripollés y Ramón Sáez Valcárcel,

José Luis Díez Ripollés y Ramón Sáez Valcárcel exponen las razones por las que han presentado la dimisión y consideran adecuada su sustitución.

María Luisa Cuerda y Lorenzo Morillas expresan su reconocimiento y gratitud por la excelente labor realizada por ambos, agradecimiento y reconocimiento al que suman todos los presentes.

Se debate sobre la oportunidad de modificar el sistema de elección de los miembros de la Junta y se le encomienda a la actual que estudie el tema y presente, en su caso, una  propuesta de modificación.

Se abre un período de presentación de candidaturas, presentándose Joan Baucells Llados y Patricia Faraldo Cabana que son elegidos como nuevos miembros de la Junta Directiva por unanimidad.

7.Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 8 de noviembre de 2014, de lo que como Secretario doy fe.

 

 

Fdo.: José María Suárez López

Secretario de la Junta Directiva

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS SOBRE MENORES

 

GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL

 

 

COMISIÓN ENCARGADA DE SU ELABORACIÓN:

José Antonio Ramos Vázquez

María Luisa Cuerda Arnau

Octavio García Pérez

A) LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

 

 

  1. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS DEL MANIFIESTO Y DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA

 

El Manifiesto sobre justicia juvenil aprobado en Valencia el 26 de septiembre de 1998, tras destacar la urgente necesidad de aprobar una nueva normativa sobre justicia juvenil respetuosa con los principios básicos de un Estado de Derecho, estableció que la regulación habría de basarse en las siguientes directrices:

 

a) Se debe evitar una visión paternalista, asumiendo que los menores son capaces de asumir responsabilidad de forma progresiva.

b) La edad mínima para responder penalmente se debe situar en los trece o catorce años y se debe articular la posibilidad de aplicar la Ley a los jóvenes de 18 a 21 años sin que ello se vincule a la gravedad del delito.

c) Sólo cabe exigir responsabilidad penal por hechos tipificados como delitos.

d) Introducción de fórmulas que permitan evitar la intervención del sistema de justicia juvenil por la escasa gravedad de la infracción, por las circunstancias del autor del hecho o por la realización de actos de reparación.

e) Para los supuestos en que sea necesaria la aplicación de sanciones, tanto el contenido de éstas como su duración deben estar predeterminadas.

f) La intervención sobre los menores y jóvenes debe realizarse evitando su aislamiento de su medio natural, siendo necesaria la participación de los servicios comunitarios, de los trabajadores sociales y de toda la comunidad en su inserción social. Por ello, el internamiento debe tener un carácter excepcional.

g) Se ha de articular un procedimiento rápido, ágil y respetuoso de las garantías procesales. Desde el inicio de los procesos jueces y fiscales deben contar el asesoramiento de equipos técnicos especializados.

h) La ejecución de las sanciones debe realizarse con pleno respeto a los derechos de los condenados, no pudiéndose limitar otros que los afectados por el contenido de la sentencia.

 

De conformidad con estas directrices y tomando como referencia el proyecto de ley que cristalizaría en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, se elaboró una propuesta alternativa de texto articulado que se centró en los siguientes aspectos:

 

  1. Para la aplicación de la ley a los jóvenes se propugnaba la eliminación del requisito de que no hubieran cometido un delito grave.
  2. En materia de sanciones se resaltaba el carácter excepcional de la medida de internamiento, fijando su duración máxima en dos años. En el caso de mayores de 16 años se admitía que las medidas no privativas de libertad pudieran durar como máximo 3 años.
  3. En el ámbito procesal se rechazó que la investigación se atribuyera al Fiscal, postulando un modelo similar al previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En coherencia con ello las medidas desjudicializadoras se ubicaron en la fase jurisdiccional. Se propugnó que se regularan de manera específica las causas de detención de menores y se permitía la conformidad con independencia de la medida que se solicitara.
  4. En lo relativo a la ejecución se obligaba a las Comunidades Autónomas a contar con los centros necesarios para evitar el desarraigo de los menores y se prohibía que la gestión de los centros de internamiento pudiera dejarse en manos privadas.

 

2. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS O JURISPRUDENCIALES  TRAS LA APROBACIÓN DEL MANIFIESTO

 

Desde la publicación del Manifiesto, en el año 1998, y de la Propuesta alternativa de 1999, han tenido lugar importantes reformas legislativas en esta materia.

Durante la vacatio legis Ley fue modificada por las Leyes Orgánicas 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, y la 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Posteriormente esta Ley se ha visto afectada por Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores, así como por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código Penal. La Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha venido a realizar una profunda reforma que ha afectado casi a la mitad de sus preceptos. La última reforma se ha efectuado a través de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en cuya disposición adicional segunda se introduce un nuevo párrafo en el art. 2.4: “Corresponderá igualmente al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero cuando conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a los Tratados Internacionales corresponda su conocimiento a la jurisdicción española”.

Los aspectos básicos de estas reformas son los siguientes:

  1. Se suprime la posibilidad de aplicar la Ley a los jóvenes de 18 a 21 años
  2. En materia de sanciones se incrementa considerablemente la duración de las medidas, especialmente la de internamiento, y se amplían las posibilidades de aplicar el internamiento en régimen cerrado. Se introduce la medida de “prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez”.
  3. Otro punto importante es la sustitución del principio de la medida única salvo excepciones tanto para la comisión de un hecho único como para el concurso de infracciones por el de acumulación de medidas que ahora se consagra en el art. 7.4
  4. Se adelanta a los 21 años el momento en el que el internamiento en régimen cerrado con carácter general se ha de seguir cumpliendo en un centro penitenciario, añadiendo que la posibilidad de recurrir a los preceptos relativos a la modificación o sustitución de la medida impuesta con el fin de evitar su ingreso en el mismo tiene un carácter excepcional. Junto a este supuesto general también la reforma permite que los menores al alcanzar los 18 años cumplan el internamiento en régimen cerrado en un centro penitenciario “si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia”.
  5. En el plano procesal se reconoce la acusación particular y se regula su intervención si bien con alguna incoherencia, pues carece de sentido permitir que la acusación particular pueda instar la aplicación de medidas y, en cambio, no pueda proponer pruebas que versen "la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor". Se añade una nueva circunstancia que permite decretar una medida cautelar: el riesgo de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima. También se aumenta el tiempo de duración de la medida cautelar de internamiento: seis meses más una prórroga de tres meses. En el art. 17.2 se ha introducido un nuevo inciso que consagra el derecho del menor a una “entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración”. Por último, se amplía el ámbito en el que cabe interponer el recurso de casación para la unificación de doctrina.
  6. En materia de ejecución de medidas también se han realizado importantes cambios donde, entre otros aspectos, se establece una excepción al principio de que la competencia le corresponde siempre al juez de menores que dictó la sentencia. En efecto, en los casos en que se hayan impuesto diversas medidas en virtud de sentencias dictadas por diferentes jueces de menores, la ejecución de todas le incumbe al juez de menores que dictó la primera sentencia. Además, se ha llevado a cabo una profunda modificación de la refundición de medidas.
  7. En  materia de responsabilidad civil se ha modificado el procedimiento para su exigencia, de tal modo que ésta se va a dilucidar junto con la penal siguiendo, además, las reglas generales del proceso civil. Se mantiene ahora un planteamiento similar al que en su día se hizo por el Grupo de Estudios de Política Criminal.

La Disposición Final 7ª de la LO 5/2000 había previsto el desarrollo reglamentario de lo relativo a la ejecución de las medidas privativas de libertad por parte de las Comunidades Autónomas con competencia respecto a la protección y reforma de menores. Pero al entrar en vigor la Ley Orgánica 5/2000, las Comunidades Autónomas no lo hicieron, por lo que finalmente el Estado decidió asumir el desarrollo reglamentario para lo cual aprobó el Real Decreto 1774/2004.

 Sin embargo, ya desde un principio las Comunidades Autónomas se percataron de que el Real Decreto 1774/2004 no era suficiente y muchas de ellas han ido aprobando normativas para paliar algunas lagunas jurídicas no cubiertas por el texto estatal. Entre ellas se pueden citar las siguientes:

Decreto del Principado de Asturias 40/2006, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros específicos para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes infractores

Circular 1/2008, de la Direcció General D’execuió Penal a la Comunitat i Justicia Juvenil, sobre disposicions comunes de funcionament dels centres educatius.

 Decreto 181/2010, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de Organización y Funcionamiento de los Centros para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores infractores de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Decreto 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Orden de 25 de octubre 2010, por la que Establece la organización y el funcionamiento de la Dirección General de Menores y Familia en la ejecución de las diferentes medidas judiciales no privativas de libertad que imponen los juzgados de menores, y los procedimientos y criterios de actuación.

Orden de 1 de marzo de 2011, por la que se aprueban las Normas de Funcionamiento Interno de los Centros de Internamiento Educativo para menores infractores de Canarias.

Decreto de la Comunidad de Castilla y León  63/2011, de 27 de octubre, por el que se regula la intervención administrativa y la organización y funcionamiento de los servicios y centros específicos destinados a menores infractores.

En el caso de Andalucía hay tener presente el Decreto 33/2008, de 5 de febrero, por el que se regulan los centros y servicios de reforma juvenil y se establece el sistema de gestión de la calidad, así como numerosas resoluciones e instrucciones de la Dirección General responsable del cumplimiento de esta medida.

Orden de la Consejara de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de las Islas Baleares, de 25 d’octubre de 2010 per la qual s’estableix l’organització i el funcionament de la Direcció General de Menors i Família en l’e- xecució de les diferents mesures judicials no privatives de llibertat que imposen els jutjats de menors, i els procediments i criteris d’actuació.

Además, de las normativas específicas es habitual que las leyes de infancia de las distintas Comunidades Autónomas contengan referencias a la justicia penal de menores.

A nivel europeo, con posterioridad a la propuesta alternativa habría que destacar la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2003)20, sobre nuevas formas de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia juvenil. Asimismo hay que recordar la Recomendación (2008)11, de 5 de noviembre, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre Reglas Europeas para infractores juveniles sometidos a sanciones o medidas, adoptada en fecha 5 de noviembre de 2008.

En el plano de la interpretación de la Ley es preciso destacar la Circular de la Fiscalía General del Estado 9/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores, siguiendo el criterio establecido en sus sentencias por varias Audiencias Provinciales, entiende que en los casos del art. 10.1.b párrafos segundo y terceros, así como en el del art. 10.2 el internamiento no se divide en dos periodos, sino que consta únicamente de uno a cumplir en centro dentro de los límites fijados por dichos preceptos y a continuación el condenado debería cumplir la medida de libertad vigilada prevista en los mismos. Esto significa que en el caso del art. 10.1.b. párrafo segundo, el sujeto debe ser condenado un internamiento de entre uno y seis años que debe cumplir exclusivamente en un centro y a continuación dicha medida sería completada con otra de libertad vigilada de hasta 5 años que no es obligatoria sino facultativa. Esta tesis ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de septiembre de 2012 en la que unifica la doctrina en torno a la interpretación de este tema.

Algunas Audiencias Provinciales estiman que los límites del art. 8 sólo son de aplicación a las medidas privativas de libertad cuya duración no puede exceder de la pena prevista en el Código penal. En cambio, ese límite no juega cuando se trata de medidas ambulatorias (Sentencia Audiencia Provincial Barcelona núm. 49/2010 (Sección 3), de 13 enero).

En cuanto a la duración de las medidas cautelares no privativas de libertad, en la Ley se dice que se pueden prolongar hasta que se dicte sentencia, sin fijar ningún límite concreto. Recientemente el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de febrero de 2014 ha dicho que “es de lógica aplastante estimar que una medida cautelar no puede tener una duración superior al tope máximo legal de la medida definitiva”. Ello se traduce en que de forma general no pueden durar más de dos años salvo que se trate de alguno de los casos contemplados en el art. 10, en cuyo caso se puede exceder ese límite. Pero para ello “se hace preciso que se produzca una audiencia del Equipo Técnico y del Ministerio Fiscal y partes personadas”. No se trata de la audiencia que con carácter general hace falta celebrar para acordar la medida cautelar sino una específica sobre la conveniencia de prolongar su duración más allá de los dos años.

 

  1. CAMBIOS EN LA REALIDAD SOCIAL Y CRIMINOLÓGICA DESDE LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

 

Desde que se aprobó el manifiesto habría que destacar que, por un lado, las cifras de la delincuencia juvenil se han mantenido en gran medida estables pese a que alguna reforma se ha justificado con un notable incremento de los hechos delictivos cometidos por menores. En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2006 se invocaba este aumento frente a lo cual el Grupo de Estudios de Política Criminal había destacado que el nivel de la delincuencia de menores no sólo no se había incrementado sino que incluso se había reducido, como lo acreditaba el hecho de que de una tasa de detenciones de 13.56  por cada mil menores se había pasado en 2004 a una tasa de 13.06.

Asimismo hay que destacar que todos los estudios que se han realizado en las distintas Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña, Asturias, Galicia o Andalucía) han puesto de relieve que son las medidas más leves, las no privativas de libertad, las que arrojan menores tasas de reincidencia, siendo la de internamiento la que presenta mayores tasas de reincidencia.

Por último, habría que destacar que en materia de ejecución de medidas se ha terminado imponiendo un modelo en el que en la mayoría de las Comunidades Autónomas se ha privatizado la gestión de las entidades dedicadas a hacer cumplir las medidas impuestas por los Jueces de Menores. Y ello en un marco legal en el quenada se ha regulado sobre aspectos importantes como la organización de los centros, el contenido de la intervención o las características físicas de éstos.

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PERSISTENTE VALIDEZ DE NUESTROS DOCUMENTOS

 

4.1Decisiones que se considera procedente mantener

 

En primer lugar, sigue plenamente vigente el planteamiento del grupo de que la edad mínima para responder penalmente se sitúe en los 14 años y la conveniencia de introducir la posibilidad de aplicar la regulación penal de menores a los jóvenes de 18 a 21 años. Frente a las propuestas de reducir la edad mínima a los 12 años y la reforma de 2006 que eliminó la posibilidad de aplicar la Ley 5/2000 a los jóvenes de 18 a 21 años ya se pronunció el GEPC en un comunicado indicando que suponían “una apuesta por el modelo retributivo y punitivo frente al modelo educativo basado en el interés superior del menor, cuyo carácter expansivo siempre hemos defendido”. A favor de esta decisión también juegan los problemas procesales que plantea el enjuiciamiento de menores y jóvenes.

En segundo lugar, en el ámbito de las sanciones hay que seguir defendiendo el carácter excepcional de la medida de internamiento y una duración máxima de ésta de dos años. Frente a una situación real en la que el internamiento es una de las sanciones más aplicadas, aproximadamente se impone a uno de cada cuatro menores que pasa por el sistema de justicia juvenil, es necesario recalcar que estamos ante una sanción que debe imponerse menos, teniendo presente, además, su elevada tasa de reincidencia. En este sentido, para reforzar esta idea sería conveniente introducir una referencia en la  Ley a que su aplicación debe ser excepcional. Asimismo se debería aclarar que todas las medidas de internamiento, incluidas las previstas en el art. 10, constan obligatoriamente de dos periodos, rechazando la interpretación de que en los casos más graves del art. 10 la duración prevista para el internamiento se refiere a la estancia en el centro y que aquí la libertad vigilada es facultativa.

Es preciso reivindicar el principio de que sólo cabe imponer una sanción a los menores responsables de la comisión de uno o varios delitos salvo casos excepcionales como pudiera serlo algún supuesto de concurso de delitos. En el actual art. 11 de la Ley se ha unificado el tratamiento de todos los concursos de delitos.

  1. Decisiones que se deben modificar ante los cambios producidos en la realidad social, criminológica o institucional.

 

Se debería propugnar la reformulación del art. 8.2 para dejar claro que el principio de proporcionalidad afecta a todas las sanciones y no sólo a las privativas de libertad, de tal manera que ninguna sanción impuesta a un menor pueda resultar más grave que la que se podría aplicar a un adulto por los mismos hechos.

Una de las cuestiones más discutidas en la propuesta alternativa fue la de si la investigación debía corresponder al Ministerio Fiscal como se proponía en el proyecto de ley o si, por el contrario, se debía de optar el modelo previsto en la LECrim. Finalmente el GEPC se inclinó por esta última opción por considerar que sólo así se garantizan los derechos de los imputados, esencialmente el derecho a una defensa en condiciones de igualdad y contradicción.

Sería conveniente modificar el planteamiento y asumir la posición de la Ley. Los derechos de los imputados se pueden salvaguardar también en un modelo en el que sea el Ministerio Fiscal el que se ocupe de la instrucción. De hecho, los problemas que se plantean tienen que ver esencialmente con una especialización insuficiente y la lentitud con la que se llevan a cabo los procedimientos. El único riesgo puede provenir del reconocimiento de una fase previa (preliminar) a la instrucción en la que se termine ventilando la investigación sin contar con el imputado. Se debiera dejar claro que la mencionada fase preliminar no tiene cabida en el proceso penal de menores.

La restricción de que sólo cabe el sobreseimiento por hechos de escasa gravedad carece de fundamento, pues, hasta donde se sabe, la intervención no siempre es mejor que la renuncia a la misma. En algunos menores no es necesario ningún tipo de intervención, ni siquiera una derivación a mediación, para evitar que en el futuro vuelvan a delinquir. Y ello con independencia de la naturaleza del hecho delictivo. Lo decisivo es que a la vista de las características del menor se observe que no hace falta más intervención. Para ello debiera ser obligatorio que el Ministerio Fiscal sólo pudiera acordar esta medida tras haberse entrevistado con el menor y, si fuera posible, con sus padres para evitar automatismos que llevan a resultados contraproducentes. Así, por ejemplo, no es admisible que se archiven todas las faltas sin ni siquiera tomar declaración al menor, pues puede haber casos que aconsejen algún tipo de intervención. Por ello parece razonable mantener el planteamiento que hace la Ley de la cuestión.

Todas las medidas cautelares, y no sólo las privativas de libertad, deben tener una duración predeterminada, no siendo admisible el límite de que se pueden mantener hasta que se celebre la audiencia o se resuelvan los eventuales recursos. Este planteamiento conduce a que por la vía de medidas instrumentales se puedan alcanzar injerencias en derechos de los menores que nunca se podrían producir con la medida impuesta en una sentencia condenatoria. Por ello, el Tribunal Supremo ha dicho que en ningún caso las medidas cautelares no privativas de libertad podrían durar más que las sanciones que se puedan acordar. Sin embargo, este límite es excesivo y contraproducente, pues supone avalar largos periodos de restricciones de derechos de los menores que, además, fomentan la violación de un derecho fundamental como el de un proceso sin dilaciones indebidas. A la vista de lo anterior, se propugna que las medidas cautelares no privativas de libertad tengan una duración máxima de un año.

En materia de ejecución, sigue teniendo plena vigencia la idea de que al menos la medida de internamiento debe ser ejecutada en establecimientos públicos gestionados directamente por la Administración.  En el régimen disciplinario debiera establecerse que la comisión de una infracción disciplinaria no debe conllevar obligatoriamente una sanción disciplinaria, aplicándose ésta únicamente en aquellos casos en los que sea necesario.  Por lo demás, la regulación de la Ley en este ámbito es insuficiente, por lo que sería conveniente introducir al menos los principios que deben regir la ejecución de la medida.  En concreto se deberían contemplar los siguientes:

  • El superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente.
  • El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor.
  • La información de los derechos que les corresponden en cada momento y la asistencia necesaria para poder ejercerlos.
  • El carácter interdisciplinar de la intervención y la aplicación de programas educativos que fomenten la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros.
  • La adecuación de las actuaciones a la edad, la personalidad y las circunstancias personales y sociales de los menores.
  • La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social
  • El fomento de la colaboración de los padres, tutores o representantes legales de los menores durante la ejecución de las medidas.
  • El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de decisiones que afecten a los menores.
  • La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en la vida privada de los menores o en la de sus familias.
  • La coordinación de actuaciones y la colaboración con todos los organismos públicos, que intervengan con menores y jóvenes.

 

5. VALORACIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS FRENTE A LA PROPUESTA ORIGINAL

 

        En general los cambios que se proponen vienen determinados por tres cuestiones esenciales: en primer lugar, las numerosas las reformas que se han efectuado y que siguen una orientación opuesta a los principios defendidos por el Grupo de Estudios de Política Criminal; en segundo lugar, la interpretación que se ha venido propugnando por la jurisprudencia de algunos aspectos de la Ley y, en tercer lugar, los conocimientos que nos han proporcionado los diversos estudios que se han efectuado sobre la aplicación de la Ley y la eficacia de sus sanciones. Algunas de las propuestas que se hacen tratan de cerrar el paso a ciertas interpretaciones que no se ajustan a los principios que inspiran la Ley. Otras tratan de incidir en la aplicación y en la forma en que se ponen en práctica los resultados de ésta. Por último, en alguna cuestión se trata de cambiar el punto de vista que en su día mantuvimos, especialmente en lo relativo al órgano encargado de llevar a cabo la investigación.

 

 

 

B)PROTECCIÓN PENAL DE MENORES

 

1.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS DEL MANIFIESTO Y PROPUESTA ALTERNATIVA A ANALIZAR

 

En lo que respecta a la protección penal de los menores, el Manifiesto (realizado en 2001) pone de relieve la tendencia del legislador a escudarse en obligaciones internacionales para, progresivamente, articular normas restrictivas de derechos de los menores.

Esto supone, entre otras cosas, una falta de armonía entre sectores del ordenamiento jurídico, pues mientras la tendencia es a ofrecer mayores espacios de autodeterminación a los menores en los ámbitos civil o mercantil, en materia penal existe una aplicación sistemática del límite de los 18 años.

En cuanto a los tipos penales concretos, se alerta sobre la progresiva criminalización en materia de Derecho penal sexual, contradiciendo la positiva tendencia vivida desde finales de los años 80 hasta finales de los años 90 del pasado siglo. Asimismo, se observa una deficiente regulación para los supuestos de sustracción y tráfico de menores, adopciones ilegales, delitos contra la intimidad y explotación laboral.

En este sentido, la Propuesta del Grupo (aprobada en 2002) se centra fundamentalmente en materia de delitos sexuales, realizando las siguientes propuestas:

-Eliminar el concepto “indemnidad sexual”, por su indeterminación.

-Reestructurar la caótica pléyade de agravantes de los abusos sexuales.

-Despenalizar el abuso sexual fraudulento.

-Eliminar el delito de corrupción de menores.

-Eliminar el delito de exhibición de material pornográfico ante menores.

-Reformular el delito de exhibicionismo.

Por otra parte, en materia de delitos contra las relaciones familiares, se propone una reestructuración y reelaboración de los delitos relacionados con el tráfico de menores y la inducción al abandono del hogar.

Por último en lo que respecta a aspectos sustantivos, aunque estrictamente no está relacionado con la protección penal de los menores, el grupo proponía diversas reformas para recoger en el Código penal conductas relacionadas con el tráfico de órganos y la trata de seres humanos.

 

Por otra parte, el Grupo incidió sobre la necesidad de llevar a cabo reformas a nivel procesal, para garantizar la prestación del testimonio del menor en la forma menos lesiva para éste, a través de una declaración única, y, en general, para superar la concepción de la víctima como mero instrumento de prueba y evitar al máximo la victimización secundaria.

 

 

2. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS O JURISPRUDENCIALES QUE HAN TENIDO LUGAR SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE NUESTRO MANIFIESTO Y PROPUESTA DESDE SU APROBACIÓN

 

Desde 2002 hasta la actualidad, como es bien sabido, ha habido una frenética actividad legislativa, que ha insistido particularmente en las cuestiones objeto de la Propuesta, hasta tal punto que resulta difícil reconocer con el Código penal actual en la mano los tipos penales que fueron objeto de los trabajos del Grupo.

Además, sin un ápice de pesimismo, hay que decir que las modificaciones legislativas han ido prácticamente en todo momento a contracorriente de las propuestas del Grupo, de suerte que las críticas realizadas en 2002 no sólo son predicables del actual Código penal, sino que cabría exacerbarlas.

En orden a sistematizar la comparación entre los tipos penales sobre los que trabajó el Grupo en 2002 y los actuales, seguiremos el orden de aparición en el Código penal:

 

-Prescripción: se proponía por el Grupo la eliminación del régimen especial de prescripción en caso de víctima menor de edad. Dicha regulación subsiste a día de hoy, a pesar de la importante reforma llevada a cabo en materia de prescripción en 2010.

 

-Lesiones: el Grupo propuso en su día la eliminación de la agravante potestativa de ser la víctima menor de 12 años para introducir una agravante obligatoria en caso de que la lesión fuese producida a un menor de 13 años. No se ha introducido ningún cambio en este sentido.

Asimismo, se propuso la introducción de un tipo penal que castigase el tráfico de órganos. En la reforma llevada a cabo por la LO 5/2010, se introdujo el artículo 156bis, que castiga, efectivamente, dicha conducta, si bien con perfiles más completos que los propuestos en su día por el Grupo (pues se trataba, en este último caso, de introducir una mera agravante de precio en los supuestos más graves de lesiones).

Por último, en lo que respecta a las lesiones, se advertía de que la tipificación expresa de la mutilación genital sólo tendría efectos simbólicos. Menos de un año más tarde, en 2003, el legislador introducía dicho subtipo agravado en el artículo 149. Como vemos, el trend legislativo ha sido contrario a las advertencias de nuestra Propuesta, si bien no con tanta fuerza como en materia de delitos sexuales, de la que nos ocupamos seguidamente.

 

-Delitos sexuales: como señalábamos en el apartado anterior, el Grupo propuso en 2002 una serie de reformas en materia de delitos sexuales, ninguna de las cuales fue acogida por el legislador. Esto no significa, por supuesto, que no haya habido modificaciones en esta materia. Antes al contrario, en la última década se ha producido una importantísima mutación en este ámbito, a saber:

-Aumento de la pena máxima del tipo básico de agresiones sexuales (art. 178) de los cuatro a los cinco años de prisión (reforma llevada a cabo por la LO 5/2010).

-Inclusión de la mención a la “introducción de miembros corporales” en los tipos agravados de agresiones y abusos sexuales (arts. 179 y 182 – LO 15/2003).

-Aumento de las penas previstas en los subtipos agravados del art. 180 (LO 5/2010).

-Introducción del uso de fármacos, drogas o sustancias químicas como medio comisivo de los abusos sexuales (art. 181 –LO 5/2010).

-Introducción de un nuevo capítulo IIbis en este Título VIII del Código penal, “De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años”, en el que se recogen dichas conductas (hasta entonces dispersas en los artículos 180.1.3º, 181.3, 181.4 y 182) y se exacerban las penas que llevan aparejadas (LO 5/2010).

-Introducción (también dentro del capítulo IIbis) del artículo 183bis, que castiga el llamado child grooming, esto es, a quien contacte con menores de 13 años a través de algún medio de comunicación (fundamentalmente internet) con fines sexuales (LO 5/2010).

-Ligero aumento de las penas en los delito de acoso sexual (art. 184), exhibicionismo (art. 185) y distribución de pornografía entre menores (art. 186).

-Elevación de penas en el delito de prostitución de menores (art. 187). Además, se tipifica la solicitud, aceptación u obtención de una relación sexual con menor de edad a cambio de remuneración o promesa, se incluye un subtipo agravado si la víctima tiene menos de 13 años y se contempla expresamente la compatibilidad de la sanción de esta conducta con el castigo de las infracciones contra la libertad o indemnidad sexuales cometidas sobre los menores e incapaces (LO 5/2010).

-(Re)introducción del delito de lucrarse de la prostitución ajena (art. 188.1 – LO 11/2003) e introducción de un subtipo agravado cuando la víctima sea menor de 13 años (LO 5/2010).

-Sustancial aumento de las penas por delitos relacionados con material pornográfico de menores o incapaces (art. 189 - LO 15/2003 y LO 5/2010).

-Introducción de la conducta de captación de menores o incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos (art. 189. 1. A – LO 5/2010).

-Tipificación de la posesión para propio uso de dicho material (art. 189.2 – LO 15/2003).

-Introducción de subtipos agravados en las conductas relacionadas con dicho material (art. 189.3 – LO 15/2003).

-Tipificación de la llamada “pornografía virtual” (art. 189. 7 – LO 15/2003).

 

-Delitos contra las relaciones familiares: desde la fecha de la Propuesta no se han producido modificaciones relevantes en los preceptos que examinó el Grupo (arts. 220 a 225), simplemente algunos cambios de redacción y en las penas a imponer.

Una excepción viene constituida por la introducción del actual art. 225bis mediante LO 9 / 2002, pero el propio Grupo se pronunció ya sobre ese hecho en la publicación de la Propuesta, indicando lo siguiente: “Con posterioridad a la aprobación del texto alternativo por parte del Grupo se ha promulgado la Ley Orgánica 9/2002.de  10 de diciembre, de modificación del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. El nuevo texto, hoy ya vigente, del Código Penal (art. 225 bis) tiene en común con la propuesta del Grupo la introducción de un delito de sustracción de menores, aunque difiere sustancialmente en su contenido, al limitar el ámbito de operatividad del mismo a los supuestos en los que aparece un progenitor como sujeto activo y no insertarse en una visión de conjunto con figuras delictivas afines como las que han sido objeto de examen en la propuesta que aquí se sostiene. También revela un carácter más coyuntural y parcial la citada Ley Orgánica con la adición de un nuevo párrafo al art.224 CP referido al progenitor que induce a su hijo menor a infringir el régimen de custodia” (página 33, n. 3).

Al haberse ya pronunciado el Grupo en esta suerte de addenda a la Propuesta, no la consideraremos una modificación legislativa a posteriori de aquélla.

 

En lo que respecta a los aspectos procesales, también se han producido modificaciones, la mayoría obligadas, tal y como ya alertó en su día nuestro Grupo, por lo dispuesto en la Decisión Marco (Decisión Marco 2001/220/JAI, de 15 de marzo, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal), si bien, hasta ahora, han sido sectoriales.

Esto último ha sido destacado por el Informe de la Comisión Europea (Informe COM (2004) 54, de 3 de febrero), donde se puso de relieve que ningún Estado miembro había aprobado hasta ese momento un texto legal único que recogiera, sistemáticamente, los derechos de la víctima y donde se destacó la necesidad de un desarrollo general y efectivo de algunos aspectos del mencionado estatuto.

Respecto de España, este Informe destaca la existencia de un marco normativo garante de los derechos de la víctima, aunque gran parte de esos derechos son exclusivamente procesales o se centran en algunos tipos muy concretos de víctimas de acuerdo con su normativa particular, esto es, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

  Sea como fuere, ninguna de las reformas en materia procesal se contradice con lo propuesto por el GEPC. De hecho, van en la misma dirección: incrementar la tutela del menor víctima de delitos.

Así, podemos destacar las reformas de los arts. 448 (en materia de prueba anticipada, reformado por LO 13/2009), 707 y 731 bis (dirigidos a evitar la confrontación entre víctima y acusado -reformado por LO 8/2006) de la LECrim. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Proyecto de Estatuto de la víctima del delito  (cfr. Proyecto de Ley 121/000115/2014, de 2 de agosto, del Estatuto de la víctima del delito, BO. Cortes Generales-Congreso de los Diputados 5 septiembre 2014, núm. 115-1) acoge nuestras propuestas de modificación de los artículos 435 y 680 de la LECrim (mediante la reforma de los arts. 433 y 680 a 682)

Sin embargo, no se acogen en la legislación vigente las propuestas más innovadoras.

En cuanto al ámbito internacional, que cada vez cobra más fuerza en nuestra disciplina, cabe destacar la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo y por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

Por último, también en la jurisprudencia ha habido cambios trascendentales que entendemos pueden afectar a nuestra propuesta de reforma del art. 702 LECrim: en el ámbito nacional, las sentencias del Tribunal constitucional núm. 174/2011 de 7 noviembre (Sala Segunda) y núm. 57/2013 de 11 marzo (Sala Segunda) y la sentencia del Tribunal Supremo núm. 96/2009, de 10 de marzo, que fue, precisamente, la que desencadenó la decisión del TC

En el ámbito internacional, asimismo, ha habido relevantes decisiones jurisprudenciales: las dos más importantes (que no únicas), serían la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 junio 2005 (Caso Pupino) y la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 febrero de 2014 (Caso González Nájera contra España).

 

3. CAMBIOS EN LA REALIDAD SOCIAL Y CRIMINOLÓGICA DESDE LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

 

               Si hubiese que definir la realidad social actual, resultaría a buen seguro obligatorio mencionar la obsesión por la protección de los menores, simultánea a la obsesión por el menor infractor.

Es decir, en los últimos años hemos asistido a una marcada tendencia a hiperproteger al menor desde la esfera penal, paralelamente a la exasperación de la respuesta punitiva frente a los delitos cometidos por este mismo grupo social.

Se produce así una tendencia esquizofrénica –por así decirlo- en la que el menor se convierte a la vez en paradigma de víctima y de infractor. Parece que al menor se le considera sólo en la medida en que sea victimizado o en la medida en que viole la norma penal.

Esto sentado, y si bien ha sido siempre una tendencia muy marcada, conviene tener en cuenta que, en el ámbito específico de los delitos sexuales contra menores se ha producido un notable aumento de las noticias sobre esta clase de delitos, lo que ha motivado un considerable incremento de la preocupación social por las cuestiones relativas al binomio sexualidad / menores.

Si a ello le añadimos el hecho de que los jóvenes españoles mantienen relaciones sexuales cada vez a edades más tempranas y que la utilización de internet es masiva en su franja de edad, nos encontramos con una tensión entre protección y control en la que, en nuestra opinión, es cada vez más difícil encontrar un equilibrio.

En efecto, respecto de la sociedad de hace 12 años, nos encontramos con menores cada vez más precoces sexualmente y con pretensiones de una mayor capacidad de autodeterminación (dentro y fuera del ámbito sexual), una asfixiante presión mediática sobre las cuestiones del abuso sexual y de la pornografía de menores, un instrumento de comunicación (internet) que permite una mayor exposición de los jóvenes a algunos riesgos (y, simultáneamente, una menor capacidad de los poderes públicos para controlarlos) y un legislador penal volcado en una especie de obsesiva cruzada, de marcados tintes reaccionarios, contra todo lo relacionado con sexo y menores.

El resultado de todo este precipitado es una situación en la que la línea entre libertad, protección y control cada vez es más delgada.

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PERSISTENTE VALIDEZ DE NUESTROS DOCUMENTOS:

 

               Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, ya no es que, sencillamente, la Propuesta del Grupo esté plenamente vigente frente a la deficiente regulación del año 2002, sino que sirve como contramodelo de la actual, aún más criticable, si cabe, que aquélla.

               En este sentido, seguidamente nos pronunciamos sobre la validez de las propuestas del Grupo y añadimos nuevas propuestas que, creemos, están en sintonía con el espíritu del 2002, pero sobre las que no hubo, lógicamente, oportunidad de pronunciarse en su día, por ser tipos penales incluidos con posterioridad a la mencionada fecha.

 

               -Prescripción: la propuesta de eliminar el inciso segundo del art. 132.1, dado que la prescripción descansa sobre razones basadas en los fines de la pena, inmunes al hecho de que la víctima sea menor de edad, debería permanecer vigente como postulado del Grupo.

 

               -Lesiones: tras la introducción en el Código del delito de tráfico de órganos, creemos que subsiste la necesidad de prever una agravante común para todos los delitos de lesiones cuando la víctima sea menor de 13 años, en vez de una mera agravante potestativa para las lesiones del tipo básico.

 

               -Delitos sexuales: en esta materia sigue teniendo plena vigencia lo que decíamos en el manifiesto de “Una propuesta alternativa a la protección penal de los menores”, cuando señalábamos que las decisiones valorativas adoptadas en las reformas de los delitos sexuales de 1989 y 1995 expresan una positiva tendencia a la construcción del Derecho penal sexual en torno a la protección de la libertad sexual de las personas como bien jurídico anclado en los principios de dignidad humana, libertad y pluralismo. En la configuración de los tipos delictivos, el Código Penal de 1995 ha establecido las bases estructurales que permiten distinguir adecuadamente los atentados violentos de otras formas de afectar a la libertad sexual. Pese a tales aspectos positivos, cabe lamentar en las reformas de 1999 y posteriores algunas deficiencias en la descripción de los tipos orientados a la protección de los bienes jurídicos de los menores de edad y en las penas previstas.

 

               -Delitos contra las relaciones familiares: como señalábamos antes, no ha habido ninguna modificación legislativa respecto de la regulación de 2002, de modo que consideramos plenamente válidas las consideraciones que el Grupo realizó en su día.

 

En cuanto a las propuestas procesales, consideramos que, a pesar de los indudables avances normativos, las consideraciones del Grupo siguen gozando de plena validez (como demuestra el hecho de que el Proyecto de Estatuto de la víctima del delito acoja algunas de nuestras recomendaciones).

Eso sí, convendría replantearse la cuestión a la luz de las novedades legales y jurisprudenciales a las que hemos hecho mención en el apartado anterior y distinguir claramente dos problemas distintos: de un lado, la comparecencia en juicio oral mediante sistemas que eviten la confrontación, cuestión que no resulta problemática, y, de otro lado, la incomparecencia del menor y la consideración de prueba constituida de su testimonio prestado con anterioridad, lo cual provoca muchos problemas, siempre desde ese delicado equilibrio entre protección al menor y garantías procesales de los acusados.

Por otra parte, convendría prestar atención a algunas renumeraciones y erratas, a saber:

 

1.            El art. 109 de la LECrim fue reformado por la LO 13/2009. Ello obliga a que nuestra propuesta de suprimir el entonces párrafo 3º, deba ajustarse técnicamente a esa reforma.

2.            El art. 110 de la LECrim fue reformado por la LO 1/2003. Ello obliga a que nuestra propuesta de añadir un párrafo 3º deba ajustarse técnicamente a esa reforma. Pasaría a ser párrafo 4º.

3.            El art. 110 de la LECrim fue reformado por la LO 1/2003. Ello obliga a que nuestra propuesta de añadir un párrafo 4º deba ajustarse técnicamente a esa reforma. Pasaría a ser párrafo 5º.

4.            Hay que corregir la referencia al art. 118 de la LECrim. Es una errata; debe decir “añadir un párrafo al art. 108 LECRim”.

 

5. VALORACIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS FRENTE A LA PROPUESTA ORIGINAL:

 

               Como señalábamos antes, los cambios vienen motivados por la incesante actividad legislativa que se ha venido desarrollando en materia de delitos sexuales durante la última década.

               Si a ello sumamos la tramitación en estos momentos de un Proyecto de Ley de reforma del Código penal en el que, nuevamente, se plantea una amplia reforma en dicha materia, parece evidente la necesidad de que el Grupo trabaje en ella para ejercer algún contrapeso a la deriva punitivo-ideológica del legislador.

               En cuanto a los aspectos procesales, aunque el documento precisa de actualizaciones, la situación nos permite ser más optimistas, pues la orientación político-criminal plasmada en nuestra Propuesta es la que ha ido imponiéndose en la legislación procesal. Así se deduce de las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la puesta en marcha de iniciativas legislativas que van en la misma dirección.

 

COMUNICADO SOBRE CORRUPCIÓN

 

«En el mes de mayo de 2013 el Grupo de Estudios de Política Criminal destacaba el dato de que la corrupción se había convertido en el último barómetro del CIS en la segunda preocupación de los españoles. El elevado número de procesos abiertos y de personas imputadas, especialmente altos cargos y responsables públicos, evidenciaba que no se trataba de supuestos aislados debidos a la falta de ética y a la codicia de sus protagonistas, sino de una manifestación de un problema mayor. De un problema sistémico en el que incidían diversos factores y que se traducía en la confluencia de intereses privados, tanto de particulares como de servidores públicos, e intereses políticos partidarios.

 

       Transcurrido más de un año, la percepción del problema se ha agravado, convirtiéndose, junto al paro, en la principal preocupación de los ciudadanos. El descubrimiento de nuevos casos de corrupción, que se produce prácticamente a diario, genera efectos devastadores en la opinión pública, minando el sistema democrático.

 

       En este contexto, el Grupo de estudios quiere prevenir frente a propuestas poco meditadas, cuando no puramente simbólicas o vacías de contenido. Es el caso de compromisos para crear algo así como un derecho penal de excepción para las conductas corruptas, o la aparente creación de 282 plazas judiciales “para luchar contra la corrupción”, cuando en realidad esas plazas llevan tiempo cubiertas y además la mayor parte de ellas no son del orden penal.

 

Se precisa, ante todo, una regeneración de las prácticas políticas y de las instituciones que han tolerado la degradación de esas prácticas. Eso no se soluciona con simples modificaciones legales. Es necesaria la consolidación de una exigente moral política, hoy ausente, que descalifique sumariamente a todo aquel que utilice el poder político o la administración pública para fines privados y sectarios. Solo una sociedad civil decididamente implicada en su consecución está en condiciones de garantizar esa moralidad.

 

En segundo lugar, hemos de ser conscientes de que no es el derecho penal el instrumento más adecuado para garantizar la probidad de políticos y servidores públicos. Las asociaciones políticas y la administración pública deben disponer de mecanismos de control internos, autónomos e independientes, que permitan atajar desde su inicio las prácticas corruptas. Ciertamente, para prevenir las disfunciones que en todo caso se producirán, es menester que la jurisdicción contencioso-administrativa adquiera una capacidad de acción que ahora mismo está lejos de su alcance.

 

El código penal, por su parte, debe otorgar la relevancia que merecen a las conductas de corrupción y los comportamientos con ella relacionados. No es secreto alguno que nuestro cuerpo penal trata con laxitud este tipo de conductas en contraste con otras conductas identificadas con la llamada criminalidad tradicional. Es hora de que nuestro texto punitivo recupere el equilibrio, y castigue las conductas delictivas en función del daño social que producen, y no de la extracción social de los delincuentes.

 

Logrado esto, hemos de asegurar la eficacia de la persecución penal, lo que exige dotar de los medios adecuados a una policía cuyas unidades especializadas están mostrando una independencia de criterio y una profesionalidad que hay que preservar a toda costa, al igual que hemos de garantizar la capacidad operativa de la fiscalía anticorrupción. Pero todo eso quedará en nada si no logramos que la jurisdicción penal, dentro de un estricto respeto de las garantías individuales y procesales, tenga los recursos legales, personales y materiales imprescindibles para llevar a buen término los procesos penales, en periodos razonables de tiempo y con tasas de resolución satisfactorias».


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