• Actividades GEPC

    GEPC constituido en 1989 como un grupo permanente de trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político-criminales a partir de presupuestos progresistas.
  • 1
  • Home
  • ACTIVIDADES
  • ACTA DE REUNIÓN
  • ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICO CRIMINAL, CELEBRADA EN BILBAO LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2016

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICO CRIMINAL, CELEBRADA EN BILBAO LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2016

A las 16:15 horas del viernes 15 de abril de 2016 en el Paraninfo de la UPV, Edificio Bizkaia Aretoa, Sala Arriaga, Avda. Abandoibarra 3, Bilbao, da comienzo, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Grupo de Estudios de Política Criminal, con la asistencia de los siguientes miembros:

Norberto J. de la Mata, Juan Carlos Carbonell Mateu, Antonio Fernández Hernández, Esther Hava García, Lorenzo Morillas Cueva, Ana I. Cerezo Domínguez, Luz Mª Puente Aba, Juan Carlos Hortal Ibarra, Miguel Abel Souto, Fernando Navarro Cardoso, Ramiro García de Dios Ferreiro, Carmen Juanatey Dorado, Carlos González Zorrilla, Antonio Dovals Pais, Joan Baucells Lladós, José María Suárez López,
Francisco Montijano Serrano, María Luisa Cuerda Arnau, Mirentxu Corcoy Bidasolo, María José Cuenta García, Eduardo Ramón Ribas, Ángeles Jareño Leal, Patricia Faraldo Cabana, José Luis Ramírez Ortiz, Yolanda Rueda Soriano, Raquel Martínez
Codina, Jon Landa Gorostiza, Ana I. Pérez Machío, Urko Giménez Órtiz, Ignacio Espinosa Casares, Sergi Cardenal Montraveta, Ignacio Fco. Benítez Ortuzar, Javier Fernández Teruelo, José Ricardo de Prada, Alfonso Santisteban Ruiz, Nekane San Miguel Bergatetxe, Juan Calparsoro Damián, Ines Olaizola Nogales, Tania Chico Fernández, Miguel A. Gómez Pérez, Beatriz Cruz Marques.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Junta Directiva.
3. Admisión de nuevos socios.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de un manifiesto sobre seguridad ciudadana.
Proposición y elección de las comisiones de trabajo encargadas de la elaboración
de una propuesta alternativa.
5. Ruegos y preguntas.

La sesión se desarrolla con los siguientes contenidos y acuerdos:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.

Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones anteriores ordinaria y extraordinaria celebradas los días 16 y 17 de octubre de 2015, una vez subsanado error material detectado en relación con la fecha de firma del acta de la sesión ordinaria.

2. Informe de la Junta Directiva.

Norberto de la Mata informa:

De la modificación de página web del Grupo. En relación con dicha cuestión, señala que la misma está en elaboración, por lo que de cara a la actualización de sus contenidos, solicita la colaboración de todos los miembros del Grupo. De la reciente publicación del libro: «Revisión y actualización de las propuestas alternativas a la regulación vigente presentadas durante veinticinco años de trabajo del
Grupo de Estudios de Política Criminal» que se ha entregado en las carpetas facilitadas a los asistentes a esta Asamblea.
De la situación económica y contable del Grupo de Estudios de Política Criminal. De la organización de la próxima Asamblea del Grupo de Estudios de Política Criminal y de las posibles fechas de celebración.

Mirentxu Corcoy agradece a la Universidad de Bilbao y a los integrantes del área de Derecho Penal el esfuerzo realizado en la organización de la presente reunión.

José María Suárez informa que, de conformidad con lo establecido en el art. 17 de los Estatutos tras la modificación del mismo, la Junta Directiva que fue elegida en la anterior asamblea extraordinaria ha procedido a la elección de Secretario y Tesorera, cargos que han recaído en María Luisa Cuerda Arnau el de Tesorera y en él la Secretaría.

3. Admisión de nuevos socios.

Por el Secretario se informa de las solicitudes de nuevos socias/os. Tratándose de personas que cumplen los requisitos para la admisión, por unanimidad, se acuerda la admisión de los siguientes nuevos miembros:

Enrique Anarte Borrallo.
Fernando Miró Llinares.
María del Mar Carrasco Andrino.
Juan Carlos Sandoval Coronado.
Carlos Hugo Preciado Domenech.
Miguel Ángel Gómez Pérez.
Tania Chico Fernández.

Por el Secretario, también se informa de la solicitud de baja de Dña. Francisca Verdejo Torralba.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de un manifiesto sobre seguridadciudadana. Proposición y elección de las comisiones de trabajo encargadas de la elaboración de una propuesta alternativa.

Se discute el documento que ha sido presentado por la Comisión creada al efecto en la anterior Asamblea del Grupo y se aprueba, por unanimidad, el siguiente texto del manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal por una nueva Política criminal
en materia de espacio y orden púbico:
«1. En las sociedades democráticas el concepto de orden público ha de vincularse necesariamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, puesto que la existencia de éstos constituye el presupuesto de la propia organización política. En consecuencia, una nueva política criminal en materia de orden público debería proscribir la tipificación de infracciones penales y administrativas que sancionen el ejercicio legítimo de derechos fundamentales así como evitar que dicha tipificación, por la vaguedad y
amplitud de la redacción o por la desproporción de las sanciones, pueda generar el efecto desaliento que
han proscrito el TC y el TEDH.

2. La reforma del Código penal y de la Ley de Seguridad ciudadana de 2015 y las ordenanzas municipales de los últimos años han ampliado las infracciones penales y administrativas que afectan a los usos del espacio público. De esta manera, se reprimen una serie de conductas que antaño fueron consideradas legítimas, algunas incluso propias del ejercicio de derechos fundamentales, con una capacidad expansionista nunca antes vista en la etapa democrática, sorteando las garantías que hemos consensuado desde la configuración del Estado democrático y de derecho. Precisamente en momentos de mayor conflictividad social, como consecuencia de los recortes de los derechos sociales, se han promulgado una serie de normas sancionadoras, penales y administrativas que desincentivan que los ciudadanos ejerzan libertades públicas y parecen no dejar una sola conducta de protesta social sin castigo, al tiempo que desconocen principios básicos del Estado de Derecho como los de legalidad (taxatividad), interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y derechos de defensa.

El concepto de orden público se convierte así en una noción apta para justificar un poder punitivo
expansivo, incierto, con amplia discrecionalidad de las autoridades, consagrando la máxima de esta era
neoliberal: un sistema liberal en lo económico, pero altamente intervencionista en lo social. El legislador trasmuta el concepto de orden público a paz pública, privilegiando la autoridad, en un continuo de comportamientos prohibidos, en los que quedan pocos resquicios de libertad. Se trata, por tanto, de una noción de orden público y seguridad ciudadana muy cercana al reconocimiento de la ciudad como un espacio no público, sino de unos pocos. Ello, además, denota un interés político de construir no actores sociales, sino ciudadanos sumisos (muchas infracciones son meras desobediencias) y legitimar la exclusión de sectores problemáticos del espacio público bajo un entendimiento autoritario de la noción de ciudadanía, por lo cual estas normas deben ser reformadas cuanto antes.
Una propuesta político criminal alternativa en materia de uso del espacio público debería basarse en la maximización del ejercicio de derechos individuales y en el respeto a los principios fundamentales del ius puniendi.

3. Las reformas del Código penal y de la Ley de Seguridad ciudadana facilitan la detención, identificación, enjuiciamiento, la condena y ejecutividad de supuestos muy cercanos -cuando no subsumibles- al ejercicio legítimo de derechos políticos y, con ello, pretenden silenciar y amedrentar a la sociedad civil movilizada. En esta lógica de represión aparecen una serie de nuevas infracciones con las
que se podrían sancionar supuestos de ejercicio legítimo del derecho a la manifestación y reunión.
También se mueve en esta lógica la tipificación como delito o como infracción administrativa de nuevos comportamientos que, sin afectar directamente al contenido esencial de estos derechos, suponen casos limítrofes al ejercicio legítimo de estos derechos. Según la “teoría del efecto desaliento” podrían verse lesionadas estas libertades cuando se sancionen conductas que se relacionen con su ejercicio de forma ambigua y con una sanción desproporcionada.
La teoría del efecto desaliento (chilling effect) hunde sus raíces en la jurisprudencia constitucional norteamericana, que se ha servido de ella para declarar inconstitucionales normas que sancionaban conductas que pueden desalentar al conjunto de los ciudadanos del ejercicio de derechos ante el temor a ser sancionados por infringir una norma cuyo alcance resulta impreciso, ya sea por su excesiva amplitud (overbreadth) o por la vaguedad (vagueness) con que aparece definida.
Como podrá imaginarse, extremadamente graves son los supuestos en los que convergen indeterminación de los tipos, desproporcionalidad de la sanción y efecto desaliento. Y estos son, precisamente, algunos de los supuestos previstos en las reformas de 2015.

4. Un elemento esencial para garantizar la presencia de espacios de ejercicio de derechos y disfrute de libertades es el funcionamiento regular de las instituciones y sujetos institucionales que tienen como misión primordial su preservación y mantenimiento. En consecuencia, sobre la base de tal fuente de legitimidad, se considera necesaria la protección penal del principio de autoridad que deben ejercer en
una primera línea las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ha de destacarse que el mayor reproche de las conductas que afectan a los miembros de los cuerpos policiales encuentra justificación razonable en la mayor lesión que suponen determinadas acciones dirigidas contra quienes forman parte de esos cuerpos siempre que actúan en el ejercicio de las funciones de protección de derechos y libertades. Pero no se pueden obviar los riesgos de pervertir e hipertrofiar el principio de autoridad, pues si bien dicho principio es constitucionalmente aceptable cuando su

legitimidad descansa en su carácter instrumental para la defensa de los derechos y libertades, deja de serlo cuando pasa a ser una instancia autorreferencial de legitimidad, por encima incluso de los propios derechos y libertades. En otras palabras, la protección de ese principio puede ser, y lo ha sido, la excusa o cobertura para criminalizar la disidencia política y fortalecer prácticas y regímenes no democráticos.
El mejor punto de partida para una nueva política criminal protectora del orden público lo constituyen unas políticas públicas que promuevan una organización social igualitaria y el establecimiento de unos cuerpos policiales que acomoden su actuación a la propuesta alternativa de regulación del uso de la fuerza policial que el Grupo de Estudios de Política Criminal ya divulgó en el año 2008.

Normativamente, los delitos de atentado, resistencia y desobediencia han tenido por objeto la tipificación de los ataques dirigidos contra las personas que ejercen las funciones públicas de mantenimiento del orden con ocasión del ejercicio de tales funciones. Sin embargo, el concreto redactadde las conductas típicas, así como la gradual extensión del círculo de sujetos pasivos provoca, por un lado, dificultades interpretativas que pueden derivar en trato desigual y en excesos criminalizadores y, por otro lado, dan una respuesta sancionadora grave a conductas que nada tienen que ver con la instrumentalidad en que descansa la legitimidad del principio de autoridad. Un objetivo político criminal prioritario debe ser, en consecuencia, depurar el ámbito de protección penal identificando las conductas que la merecen y los sujetos pasivos que deben ser protegidos.

5. Por otra parte, y como ya propuso el Grupo de Estudios de Política Criminal, el trabajo sexual remunerado de mayores de edad debería considerarse una actividad lícita, cuyo ejercicio libre y voluntario no pudiera ser reprimido. Debe normalizarse y regularse para garantizar los derechos y las obligaciones de quienes ejercen dicha actividad y de los clientes, garantizando también el uso del espacio
público de manera libre y respetuosa con los derechos de todas las personas. El ejercicio de la prostitución no constituye una amenaza ni lesiona el orden público en el sentido que defendemos. El espacio público es común y por tanto debe garantizarse su libre utilización. Con el fin de asegurar los derechos de todas las personas, creemos conveniente crear espacios públicos donde se pueda ejercer
libremente la prostitución, en buenas condiciones de higiene y seguridad.
Por ello, creemos necesario derogar las normas que conculcan la libre prestación de servicios sexuales entre adultos, criminalizando y sancionando a ofertantes y demandantes de estos servicios, estigmatizando y empeorando las condiciones de vida y trabajo de los primeros.
6. Finalmente, para abordar el top manta desde la perspectiva del orden público no podemos limitarnos a la solución policial. Este abordaje basado en la persecución y sanción ha demostrado ser ineficaz, inadecuado y generador de conflictos. Esta problemática debe ser afrontada desde una perspectiva transversal y multidisciplinar, implementando políticas que den solución no solo a las
consecuencias, sino también a las causas de este fenómeno».
Tras la aprobación del manifiesto se procede a la elección de dos comisiones encargadas de elaborar la correspondiente propuesta alternativa y se crean dos, una sobre regulación del espacio público y otra sobre cuestiones penales.

La primera está integrada por:

Joan Baucells Llados.
Beatriz Cruz Marques.
Francisco Montijano Serrano.
Carlos González Zorrilla.
Juan Carlos Hortal Ibarra.
La segunda integrada por:
José Luis Ramírez Ortiz.
Yolanda Rueda Soriano.
Urko Giménez Ortíz.
Juan Carlos Carbonell Mateu.
Carmen Juanatey Dorado.

5. Ruegos y preguntas.

Se solicita que el libro «Revisión y actualización de las propuestas alternativas a la regulación vigente presentadas durante veinticinco años de trabajo del Grupo de Estudios de Política Criminal» se distribuya a los miembros del Grupo que no han
asistido a la reunión por correo ordinario y se felicita a la Junta Directiva por la labor realizada de cara a su publicación.
Se plantea la posibilidad de elegir como futura sede para celebrar la Asamblea General del Grupo en primavera de 2017 Valencia, Jerez o Elche.
Se analiza la posibilidad de abordar la redacción de una propuesta alternativa de Código Penal como siguiente tema de trabajo finalizado el actual.
Se plantea la necesidad de modificar los estatutos en una próxima Asamblea para permitir que magistrados, fiscales y profesores, no activos, puedan seguir en el Grupo y adecuar los requisitos de pertenencia a la Universidad a las nuevas modalidades de
contratación que se vienen empleando, dado que, con la regulación actual, muchos investigadores con vinculación universitaria no pueden formar parte del Grupo a pesar de haber manifestado su interés. Por lo que se encarga a la Junta Directiva que presente
una propuesta de modificación de dichos requisitos. Se felicita a los organizadores por el éxito de la reunión.
Se valora la necesidad de fomentar la incorporación de magistrados y fiscales por lo que se propone enviar a la próxima reunión plenaria de la Unión Progresista de Fiscales que se va a celebrar en Barcelona algún ejemplar del libro «Revisión y actualización de
las propuestas alternativas a la regulación vigente presentadas durante veinticinco años de trabajo del Grupo de Estudios de Política Criminal». Para ello se contaría con la colaboración de Francisco Montijano.
Se propuso difundir los resultados de la reunión a través de la Televisión Vasca y fomentar la realización de fotografías de las reuniones del Grupo.

A las 12:30 se levantó la sesión de la que como Secretario doy fe.

 

Bilbao, 16 de abril de 2016.

 

José María Suárez López.
Secretario de la Junta Directiva.


Joomla Extensions powered by Joobi

Copyright © 2018 Grupo de estudios de Política criminal. Todos los derechos reservados.