El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), constituido por catedráticos y profesores permanentes de Derecho Penal de universidades y por jueces, magistrados y fiscales activos en los diversos niveles de la jurisdicción penal española, ha elaborado un manifiesto contra la cadena perpetua con motivo de la aprobación, el pasado viernes, de un informe sobre el anteproyecto para ampliar la prisión permanente revisable por parte del Consejo de Ministros.
La catedrática de Derecho Penal del Departamento de Derecho Público de la Universitat Jaume I, Marisa Cuerda, es una de las principales impulsoras de esta iniciativa, como miembro de la presidencia del GEPC. Además de Cuerda, también ha firmado el manifiesto Cristina Guisasola Lerma, profesora de Derecho Penal y vicedecana del Grado en Criminología y Seguridad de la UJI, y Antonio Fernández, secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Cuerda ha explicado que este manifiesto es un documento de reflexión jurídica avalado por la firma de más de 200 jueces, fiscales y catedráticos y que cuenta con el apoyo de Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Jueces Ágora Judicial (recién creada). El GEPC remitirá hoy el manifiesto al Congreso de los Diputados y a partir de abril mantendrá diferentes reuniones con los grupos parlamentarios para tratar de frenar esta reforma.
El manifiesto explica cómo en el año 2015 se reintrodujo la cadena perpetua, una institución desaparecida de la legislación penal española desde la dictadura de Primo de Rivera, y a la que se denominó eufemísticamente «prisión permanente revisable». El documento apunta que en ese momento se ocultó a la opinión pública hechos fundamentales que ponían en duda esta reforma como que el Código Penal ya permitía el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisión; que se trata de una pena contraria a la Constitución, pues se contrapone a principios básicos del derecho penal civilizado como son los de legalidad y temporalidad de las penas y la prohibición de las penas inhumanas y degradantes; que vulnera el mandato constitucional de orientación de las penas a la reinserción, o que los centros penitenciarios en España se encuentran saturados pese a las bajas tasas de delincuencia.
El escrito del GEPC indica que, a finales de 2017, algunos grupos parlamentarios propusieron la derogación de la cadena perpetua abriendo una puerta a la posibilidad de racionalizar el sistema de penas. Sin embargo, ahora el Gobierno no sólo propone el mantenimiento, sino la extensión de la pena a otros supuestos, sin ningún estudio criminológico previo sobre su necesidad ni sobre la eficacia de la reforma de 2015. Para los impulsores de este manifiesto es la respuesta mediática a un problema mediático, ya que es evidente la ausencia de política criminal, entendida como conjunto de medidas racionales de los poderes públicos dirigidas a prevenir y dar respuesta a la delincuencia, y su sustitución por la propaganda populista.
Por ello, los firmantes, catedráticos, catedráticas, profesorado universitario, jueces, juezas y fiscales que mantienen un compromiso con la realidad y con los valores constitucionales, exigen rigor en el debate legislativo y mediático sobre la delincuencia y la prisión permanente revisable, y la inmediata derogación de una institución innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales.
http://www.uji.es/com/noticies/2018/02/2q/manifest-cadena-perpetua/